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Estado pretende controlar sexualidad femenina

Prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia viola derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tras el golpe de Estado que en junio del 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se produjo un serio retroceso en materia de derechos humanos que no sólo incluyó ataques y crímenes por razones políticas, también los derechos sexuales […]

Prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia viola derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Tras el golpe de Estado que en junio del 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se produjo un serio retroceso en materia de derechos humanos que no sólo incluyó ataques y crímenes por razones políticas, también los derechos sexuales y reproductivos fueron restringidos.

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Diputados niegan sobornos para aprobar la PAE

El cardenal criticó fuertemente la pretensión del Congreso de permitir que en Honduras se venda libremente dicha pastilla, pues, según la Iglesia, es un abortivo.

En su mensaje a los feligreses, Rodríguez cuestionó la intención de hacer un plebiscito para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con la también conocida como “píldora del día después”.

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https://www.laprensa.hn/honduras/diputados-niegan-sobornos-para-aprobar-la-pae-MALP638859#image-1

Médicos divididos por la píldora PAE

Julissa Mercado

11.04.2014

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)
ha dividido al gremio médico de Honduras,
unos por proclamarse a favor del uso del fármaco y otros en contra.

El pasado lunes el Colegio Médico de Honduras
(CMH) emitió un comunicado en el que plasmó su opinión con respecto a la PAE,
de acuerdo con las evidencias científicas respaldadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y Organización Panamericana de la Salud
(OPS).

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https://www.elheraldo.hn/honduras/medicos-divididos-por-la-pildora-pae-CKeh703414

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Nota de Contexto sobre la Prohibición de la Anticoncepción de Emergencia (PAE) en Honduras

Como surgió la prohibición de la PAE en Honduras
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El 6 de noviembre de 2006, la Confraternidad Evangélica de Honduras emitió un comunicado en el que se pronunció en contra de las «Guías Metodológicas de promoción de la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género en el Currículo Nacional básico.» Aunque reconocieron la importancia de la educación sexual fundamentada en valores morales y espirituales, expresaron preocupación por los textos-guía emitidos por la Secretaría de Educación, acusándolos de fomentar la promiscuidad sexual en edades tempranas. La Confraternidad ofreció su colaboración para implementar programas de educación sexual alineados con sus valores.

Este comunicado fue respaldado por varias organizaciones, incluyendo:

  •  La Vicaría de Familia de la Iglesia Católica
  • La Asociación Educación y Familia (AEF)
  • El Centro para la Educación en la Vida Familiar (CEVIFA)
  • El Instituto de Colaboración y Educación Familiar (ICEF)
  • La Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia Hondureña (ADIFAMH)
  • La Alianza Latinoamericana de la Familia (ALAFA)
  • El Movimiento Familiar Cristiano
  • El Proyecto Victoria.

Cabe destacar que este comunicado ignora el artículo 77 de la Constitución de la República de Honduras, que establece un Estado Laico.

Constitución de la República en el Artículo 77 “garantiza el libre ejercicio de todas religiones y cultos sin preeminencia alguna…”. Aquí, la Constitución aborda lo que también se conoce como libertad de conciencia y religión. Cada persona tiene derecho a tener sus convicciones o creencias religiosas pero NO puede imponérselas a las demás. Esta “imposición”, por cualquier vía, es una violación a una garantía individual constitucional sujeta a un recurso de amparo.

Antecedentes Legislativos: La Prohibición de la PAE

En 2008, dos diputadas del Congreso Nacional presentaron un proyecto de ley para prohibir la comercialización, compra, venta y uso de la anticoncepción de emergencia (AE). Este proyecto fue dictaminado por una Comisión Ad Hoc y aprobado en un solo debate el 2 de abril de 2009, sin consultar previamente a la Secretaría de Salud. El decreto, identificado como No.54-2009, fue vetado por el presidente el 15 de mayo del mismo año, basándose en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en convenios de derechos humanos.

 

Cronología de la Controversia sobre la PAE

  1.  5 de marzo de 2008: Las diputadas Martha Lorena Alvarado y Nelly Karina Jerez presentaron el proyecto de ley en el Congreso Nacional, argumentando que la PAE era equivalente a un aborto de emergencia.
  2. 9 de abril de 2008: El Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE) manifestó su preocupación por el proyecto de ley, destacando la falta de sustento científico y la importancia de la PAE como un derecho sexual y reproductivo.
  3. El 12 de septiembre de 2008, la Comisión de Análisis sobre el Efecto de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia presentó un informe científico, concluyendo erróneamente que el levonorgestrel tenía un efecto abortivo. Finalmente, el 30 de septiembre de 2008, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia solicitó una opinión médica a la Secretaría de Salud.
  4. 4 de marzo de 2009: El Colegio Médico de Honduras emitió un dictamen sobre el proceso de ovulación, fecundación e implantación, explicando incorrectamente los efectos de la PAE.
  5. 15 de abril de 2009: El movimiento feminista de Honduras emitió un comunicado de rechazo total a la prohibición de la PAE, señalando el retroceso a los derechos de las mujeres y personas con capacidad gestar.

 

Fundamentos Legales para la PAE

Diversos organismos internacionales y nacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, han respaldado la seguridad y eficacia de la PAE, señalando que NO tiene efectos abortivos y que constituye un importante método anticonceptivo dentro del marco legal y de los derechos humanos.

Con todo lo visto anteriormente, la prohibición de la PAE en Honduras representó en su momento, un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, impulsado por grupos conservadores y religiosos, en contraposición a la evidencia científica y los derechos fundamentales.